Nada de romper con Vox... por ahora

Perder una mayoría estable a tres años de elecciones es «impensable», aunque la resonancia de la concordia ha hecho que el discurso de Vox difumine el empeño de Mazón por subrayar la agenda social

Diana Morant y Carlos Mazón se saludan antes del encuentro del pasado jueves.

Diana Morant y Carlos Mazón se saludan antes del encuentro del pasado jueves. / Loyola Pérez de Villegas

Alfons Garcia

Alfons Garcia

No ha sido sorpresa. El discurso de Vox es el que ha sobresalido con la ley de Concordia. El PPCV se ha visto forzado a actuar a la defensiva, a jugar en el terreno de los socios, hablar de Franco y llamar a la dictadura por su nombre en las Corts, a pesar de que el siempre espinoso asunto de la memoria histórica no entraba en sus prioridades, si se entiende por tales las incluidas en su programa electoral de hace un año, no tan lejano.

La batería legislativa registrada por PP y Vox a final de marzo ha permitido sobre todo recordar, si alguien lo había olvidado, que el partido de Santiago Abascal participa en el gobierno de la Generalitat. Con esa baza se presentó la nueva líder del PSPV en el Palau, en su primera reunión institucional con el president, Carlos Mazón. Así le exigió romper con el socio. «Deje de convertir el Consell en un instrumento político de la ultraderecha para hacer políticas que rompen consensos», le dijo. Más que la petición, de respuesta previsible, de lo que se trata es de subrayar la presencia de Vox en el Gobierno. No es una sorpresa tampoco: es la estrategia que funcionó a Pedro Sánchez el 23J.

Un factor fundamental en la resonancia de esta propuesta de ley de Concordia ha sido que la C. Valenciana no ha ido por su cuenta, sino que han aparecido otras autonomías, también con Vox en sus gobiernos, con planes similares, incluso con el mismo nombre (Castilla y León o Aragón). El efecto amplificador ha sido así mucho mayor. Y la aparición del Gobierno de España anunciando acciones judiciales y ante organismos internacionales ha convertido una cuestión que el PPCV de Mazón no consideraba prioritaria en asunto de Estado, con los focos bien encendidos sobre ella.

Sin planes de ruptura

No obstante, en el Palau de la Generalitat no hay planes de ruptura con Vox. Perder una mayoría estable a tres años de elecciones es un giro arriesgado que el PP valenciano no contempla. Sería quedarse solos con sus 40 diputados y, en la otra parte, los de Vox resentidos por la fractura y sin que se observen vías de acuerdos con «este PSOE». «Impensable», zanjan en el entorno de Carlos Mazón. Cuentan además con el fluido funcionamiento hasta la fecha del Ejecutivo, que pronto cumplirá el año desde las elecciones que propiciaron su mayoría. «Hay cosas que no nos gustan de Vox, claro, pero los consellers son muy leales», afirman las fuentes citadas.

Cuestión distinta es aventurar que esta legislatura de coalición acabe como empezó. A partir del ecuador (2025) se abren horizontes distintos, incluida la ruptura con miras a un anticipo de elecciones. Pero prever escenarios políticos a años de distancia es desperdiciar tinta, máxime con la aceleración de acontecimientos de estos tiempos.

La memoria histórica es el presente. Carlos Mazón intenta salir de un esquema discursivo donde reina Vox, ha acelerado acciones sociales en las últimas semanas, pero de momento la ley de Concordia se ha alzado con el protagonismo de la agenda pública, a partir del altavoz político y mediático que supone el aparato del Estado. La resonancia del informe de los relatores de la ONU tras la advertencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez es la mejor prueba.

Agenda social frente a dictadura

Los ‘populares’ evitan por ahora abrir una grieta con Vox. Admiten en privado que rebajaron las pretensiones iniciales de los socios con la ley, pero subrayan que el resultado final es compartido.

El entorno de Mazón airea la serie de medidas sociales desplegadas en poco tiempo: la educación de 0 a 3 años; desgravaciones sociales; los beneficios a familias vulnerables en la admisión en los colegios; los acuerdos sindicales con funcionarios, bomberos e investigadores sanitarios, o el plan para aumentar el volumen de mamografías. Y se aferra a la tesis de que existe una distancia entre la calle y el discurso en torno a Franco, la dictadura y la ultraderecha, de forma que la agenda social valenciana cala, aunque no suene tanto. Eso defienden.

«La España política virtual no nos va a apartar de la realidad social. Nos fue bien en la campaña. Y ahora en el Gobierno seguimos con la calle», explican fuentes de Presidencia, convencidas de que el debate de la memoria histórica y el franquismo no va mucho más allá de las esferas políticas.

Es una percepción. Lo evidente es que la estrategia del miedo a la extrema derecha sí funcionó a Pedro Sánchez el 23 de julio de 2023. Ahora se trata de un paso más: Vox está en gobiernos autonómicos, como el valenciano, y se trata de poner el foco en las consecuencias reales de esta presencia. Las elecciones europeas del 9 de junio serán un indicador de si la táctica continúa funcionando o si ya no moviliza tanto.

Hace un año, Ximo Puig concurrió a los comicios autonómicos con la agenda valenciana en primer plano de su campaña y el resultado está a la vista: embajador de España en la OCDE en París. Pero ni lo que fue malo para él puede serlo ahora para Mazón ni unas europeas son unas autonómicas. En todo caso, lo seguro es que, por ahora, nada de romper con Vox.

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