Educación

Compromís recurrirá en los tribunales el distrito único escolar implantado por el PP

El decreto de admisión regula las pautas que tienen que seguir las familias para matricular a sus hijos e hijas

La coalición valencianista critica que se trata de un texto "ilegal y segregador" y buscan derogarlo

El secretario general de Compromís Joan Baldoví junto a otros diputados del partido en Alicante.

El secretario general de Compromís Joan Baldoví junto a otros diputados del partido en Alicante. / Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

Compromís recurrirá en el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana (TSJCV) el decreto de admisión escolar del Gobierno de Mazón. Lo ha anunciado en Alicante el síndico de Compromís en Las Cortes, Joan Baldoví acompañado por el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, el portavoz de Educación en Las Cortes, Gerard Fullana y las regidoras de Alicante y de Elche, Sara Llobell y Esther Díez.

El decreto de admisión, aprobado hace dos semanas, marca las pautas que tienen que seguir las familias para matricular sus hijos e hijas al sistema educativo valenciano, que se regula por un sistema de puntos. Una de las principales novedades del mismo es la implantación del distrito único escolar, que permitirá a las familias postular para matricularse en cualquier centro de su localidad. Este punto ha sido muy criticado por las Ampas, los sindicatos educativos y especialmente por la oposición.

“El nuevo decreto es ilegal y segregador. Tenemos razones de peso para acompañar a la comunidad educativa valenciana y luchar para derogar una normativa que promueve escuelas y alumnos de primera y de segunda, como si la educación fuera una competición", ha criticado Baldoví. Para la coalición valencianista "no se ha escuchado a la comunidad educativa" y lamentan que "Mazón ha promovido una normativa que mercantiliza la educación y que denigra la red de la enseñanza pública en pro del negocio de la concertada".

Jóvenes en un IES de Alicante.

Jóvenes en un IES de Alicante. / DAVID REVENGA

El conseller de Educación José Antonio Rovira (PP) defiende que esta medida, lejos de segregar, da libertad a las familias de poder elegir la educación de sus hijos, frente a las políticas de zonificación del Botànic que, en la práctica, limitaban la capacidad de elección a los centros del barrio.

Sindicatos y Ampas, que han creado la Plataforma per l'Ensenyament Públic para luchar contra esta medida, recuerdan que hay varios estudios de la OCDE, Save The Children, o la UV, que apuntan que el distrito único agranda la brecha entre alumnado rico y pobre y segrega a los más vulnerables. El estudio de la UV, de hecho, analiza el periodo en el que el distrito único ya estuvo activo en la Comunitat (2013).

"Los centros eligen a las familias"

Por su parte, el diputado provincial Ximo Perles, ha hecho énfasis en que “iniciamos esta lucha en los tribunales, después de corroborar que el Gobierno de Mazón no ha querido escuchar ni a profesorado ni a familias. El recurso está basado en argumentos que demuestran que esta nueva normativa promueve la desigualdad y hace que los centros elijan familias y no al revés".

La segunda medida más polémica tras el distrito único es la capacidad de los centros de poder dar un punto de manera discrecional, pero siempre siguiendo criterios "objetivos". Educación estableció 22 criterios diferentes, entre los que figura la condición de que los padres sean antiguos alumnos del centro. Este criterio será el que usará mayoritariamente la enseñanza concertada, según ha confirmado este periódico.

IES José María Parra, instituto libre de móviles.

IES José María Parra, instituto libre de móviles. / PERALES IBORRA

Para Perles, esta medida "fomenta el distrito único segregador para que no haya diversidad de alumnado en las aulas; y relaja la prohibición de que los centros concertados cobren a las familias cuotas ilegales”. Pese a que el cobro de cuotas está prohibido desde el año 2021, un 70 % de los centros concertados las siguen cobrando, según un estudio reciente de Esade.

En cuanto a la relajación del nuevo decreto respecto al cobro de cuotas por parte de los centros concertados a las familias, el diputado Gerard Fullana ha detallado que “los centros concertados tienen que garantizar la gratuidad universal de la enseñanza, como cualquier centro público. La Conselleria ahora permite que los centros concertados puedan exigir aportaciones de las familias en concepto de matrícula o reserva de plaza y exigir también que las familias paguen por material y equipación escolar. Esto es muy grave”.

Las Ampas, en contra

“Por lo tanto, el PP ha impuesto unos cambios con los cuales están diametralmente en desacuerdo la Confederación Gonzalo Anaya, que es la principal plataforma que aglutina las familias; los principales sindicatos de la enseñanza; y el mismo Consejo Escolar Valenciano, donde una amplia mayoría de representantes se mostraron en contra y recibieron como respuesta su cese por parte del conseller de Educación, con el nombramiento de nuevos miembros en este máximo órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza”, ha explicado el portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Gerard Fullana.

Clase de Bachillerato en el IES Lluis Vives de València.

Clase de Bachillerato en el IES Lluis Vives de València. / Germán Caballero

Según Fullana, “además, la Consellería de Educación trabaja en la más absoluta opacidad y con tempos que están alterando el funcionamiento normalizado de gestiones tan importantes que tienen que hacer miles de familias como es matricular a los hijos e hijas en las escuelas. Por un lado, no sabemos absolutamente nada del arreglo escolar, o sea la planificación de unidades educativas para el curso que viene, que se ha hecho siempre al más de marzo. Tememos que esa opacidad lleve relacionada la eliminación de unidades en la red educativa pública y esto tiene como consecuencia más alumnas por clase y el recorte de profesorado para el curso que viene. Por otro lado, a Mazón y a su conseller de Educación les importa bien poco el caos que se genera en los centros educativos y las incertidumbres de las familias y pasan la tramitación de la admisión al mes de junio, sin ser conscientes de lo que esto supone ni para los centros educativos ni para las familias, cuando el proceso se tiene que iniciar entre abril y mayo”.

En cuanto al modelo mercantilista de la educación que fomenta el nuevo decreto, los representantes de Compromís ha comentado que “la administración tiene que garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una óptima calidad educativa. En este modelo, la Consellería deja de garantizar la excelencia de todos los centros y de dotarlos de los recursos necesarios para que así sea. Fomenta la competitividad y una suerte de rankings innecesarios entre escuelas”.

La regidora de Compromís en Elche ha recordado que el actual secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, impulsó el distrito único siendo regidor del ramo en Elche, “donde se generaron centros de primera y de segunda. Centros saturados por la alta demanda y centros desocupados que coincidían en muchas ocasiones con colegios de barrios vulnerables. Se registraron numerosas quejas de padres que se vieron desplazados de sus barrios y obligados a llevar a sus hijos e hijas a la otra punta de la ciudad. Y hablamos de padres y madres que habían solicitado varios centros entre sus preferencias. De hecho, cuando recuperamos la zonificación escolar en 2016, subió 10 puntos la adjudicación del centro escogido en primera opción”.